EL LABERINTO DE LOS BALCANES

Tras la segunda guerra mundial y entre las diversas reformas económicas que fueron impulsadas al interior de los países de Europa oriental, la experiencia de Yugoslavia fue pionera. Por propia iniciativa de Josip Broz "Tito", padre tutelar del Estado balcánico, a partir de 1965 fue descentralizado el aparato productivo y la iniciativa privada alcanzó cotas de participación nunca vistas en un país socialista. Moscú observó las "herejías" con preocupación y, entre el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y la Liga de los Comunistas Yugoslavos, se cruzaron fuertes acusaciones que llevaron a ambos partidos a la ruptura. De hecho, Tito se negó a ingresar al COMECON -organismo económico que englobaba a todos los países comunistas europeos-, lo mismo que el Pacto de Varsovia, acuerdo similar en materia militar y, siguiendo una línea alternativa, se unió al Movimiento de Países No Alineados. La Yugoslavia socialista y federal de Tito pareció haber dado la respuesta correcta a la tradicional complejidad interna de un Estado plurinacional. Sin embargo, tras la muerte de Tito en 1980, el nacionalismo yugoslavo se fraccionó en diversos nacionalismos regionales, todos ellos teñidos de viejas rivalidades étnicas y confesionales. Finalmente, Yugoslavia saltó por los aires, con la misma carga de violencia que habían manifestado las viejas guerras balcánicas. Miles de muertos en espantosas "limpiezas étnicas" demostraron que los Balcanes seguían siendo, como antes de la Primera Guerra Mundial, "el polvorín de Europa". Yugoslavia se astilló en varios países sucesores que no eran más que el fruto de ancestrales rivalidades. El entusiasmo inicial que despertaron entre los yugoslavos las reformas políticas y económicas alentadas por Josip Broz "Tito" se convirtió poco a poco en desencanto. La aureola de Padre de la Patria que revestía el viejo líder guerrillero era el factor unificador del país por excelencia. Sin embargo, la inflación y el desempleo corroyeron cada vez más el espíritu patriótico. La pronunciada descentralización de la economía, adaptada a una estructura política federal, generó una serie de fuerzas centrífugas por parte de las distintas nacionalidades, etnias y confesiones que integraban el país balcánico. La primera señal de alarma provino de Kosovo, donde en noviembre de 1968 estalla la protesta de la población albanesa que, junto con numerosas reivindicaciones, también levantaba las banderas del Islam y aspiraba a separarse de Yugoslavia e integrarse a la vecina Albania, entonces gobernada por un régimen también comunista. Tito no dudó en apelar a la mano dura para reprimir el movimiento secesionista. Un patriotismo exacerbado En 1971, fue Croacia quien alzó la voz. Para los croatas, Yugoslavia estaba gobernada por los serbios, sus tradicionales enemigos. El movimiento estudiantil, bajo el liderazgo de profesores universitarios e intelectuales de prestigio, salió a la calle y acusó a Belgrado de imponer el idioma serbio por encima del croata y exigió reformas nacionalistas en los planes de estudio de la historia croata. La sección croata de la Liga de Comunistas, partido único que dirigía el país, se separó del Comité Central presidido por Tito y reclamó la redacción de una Constitución propia, que preveía la posibilidad de una "independencia nacional" a través de un referéndum, y también el uso de una moneda propia. Dado que los ingresos de Yugoslavia dependían en gran medida del turismo y uno de los principales sitios visitados era la costa dálmata, la separación de Croacia hubiera implicado un fuerte golpe a la economía yugoslava. Por su parte, Eslovenia también se sintió llamada a reivindicar sus aspiraciones: la construcción de una autopista que uniera a Ljubljana, la capital eslovena, con la frontera italiana, país de donde provenía la mayor parte del turismo de la región. Las autoridades federales de Yugoslavia, por decisión de la Liga de Comunistas, estaban empeñadas en derivar el grueso de los ingresos turísticos hacia las regiones más deprimidas (Macedonia y Kosovo). Los croatas, serbios y eslovenos vivían esta política como un favoritismo injustificado. Tras la muerte de Tito (mayo 1980), estas tensiones se manifestaron con toda su intensidad. La hegemonía serbia En principio, la República Federativa Socialista de Yugoslavia estaba articulada en seis repúblicas y dos provincias autónomas: República Socialista de Bosnia-Herzegovina (capital: Sarajevo) República Socialista de Croacia (capital: Zagreb) República Socialista de Eslovenia (capital: Ljubljana) República Socialista de Macedonia (capital: Skopje) República Socialista de Montenegro (capital: Titograd) República Socialista de Serbia (capital: Belgrado) Provincia Socialista Autónoma de Kosovo (capital: Pristina) Provincia Socialista Autónoma de Vojvodina (capital: Novi Sad) La escena yugoslava se complica con el desarrollo de movimientos separatistas. Hacia 1990, las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia comenzaron a presionar por una nueva estructura federal de Yugoslavia que cumpliera sus deseos de autonomía. Slobodan Milosevic (1941-2006), quien se había convertido en líder del Partido Comunista de Serbia en 1987 y había logrado mantenerse en el poder al exaltar el nacionalismo serbio, rechazó estos intentos. Declaró que estas repúblicas sólo podían ser independientes si se establecían acuerdos fronterizos en beneficio de las minorías serbias residentes que no querían vivir fuera de los límites de un gran Estado serbio. En 1981 la población serbia constituía el 11,6% de la población de Croacia y el 32% de Bosnia-Herzegovina. Para mayo de 1991 estalla la crisis institucional, ante la negativa de Serbia y Montenegro de aceptar como presidente de la federación al croata Stjepan Mesic. El 25 de junio, Croacia y Eslovenia declararon la independencia y, en respuesta, el gobierno federal ordena al ejército, dominado por oficiales serbios, que reprimiera a los separatistas. En Eslovenia, el enfrentamiento duró diez días, y termina con la derrota de las fuerzas federales. En cambio, la guerra en Croacia duró 7 meses (julio 1991-enero 1992) y termina con la pérdida de más de un tercio de su territorio, que cayó en manos serbias. Estas secesiones y la declaración de independencia de Macedonia (septiembre 1991), significaron el final de la República Federal Socialista de Yugoslavia. En marzo de 1992, Bosnia-Herzegovina declaraba su independencia, y el 27 de abril del mismo año Serbia y Montenegro, las repúblicas restantes, acordaron unirse y formar la República Federal de Yugoslavia, sucesora legal de la antigua Yugoslavia socialista, admitiendo la independencia de las repúblicas separatistas, las cuales ya habían sido reconocidas internacionalmente. La guerra de Bosnia (1992-1995) Para abril de 1992, Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina fueron reconocidas por la comunidad internacional, en tanto que la República Federal de Yugoslavia no obtuvo tal reconocimiento. En las zonas de Croacia y Bosnia-Herzegovina habitadas mayoritariamente por serbios, comenzaron a establecerse gobiernos autónomos (República de Krajina, República Srpska de Bosnia) apoyados por el régimen de Milosevic y Yugoslavia. A partir de abril de 1992, estalla la guerra en Bosnia-Herzegovina, territorio multiétnico, poblado por grupos serbios, croatas y bosnios musulmanes. Las fuerzas serbias ponen sitio a Sarajevo, la capital de Bosnia, que el régimen de Slobodan Milosevic quería incorporarla a la Gran Serbia, con la consiguiente desaparición del nuevo país. En mayo de 1992, la ONU estableció sanciones económicas y comerciales contra Yugoslavia, pero no detuvo el avance de las fuerzas serbias. Guerra civil yugoslava: Guerra de Bosnia (1992-1995) El 11 de julio, las fuerzas serbias atacan la ciudad de Gorazde, ciudad ubicada al este de Sarajevo y controlada por los musulmanes; este hecho significó el inicio de la campaña de "limpieza étnica" realizada por los serbios en contra de sus enemigos. Miles de personas fueron asesinadas o expulsadas de sus hogares y enviadas a campos de concentración. A pesar de los esfuerzos de la ONU por detener la guerra de exterminio, las fuerzas serbias siguieron conquistando territorio en Bosnia, en una desigual lucha contra las fuerzas croatas y musulmanas que disponían de armamento ligero. Sin embargo, la situación comienza a cambiar a partir de 1994, cuando Milosevic empezó a ceder agobiado por las fuertes sanciones internacionales. En marzo de 1995, croatas y bosnios formaron la Federación Croata-Musulmana, el cual logró importantes éxitos militares. En represalia, los serbios atacaron las zonas de seguridad controladas por la ONU, donde se produjeron grandes masacres contra la población civil (Srebrenica, julio 1995). Ante la urgencia de encontrar una solución inmediata, la comunidad internacional promovió un tratado de paz. Así, el 21 de noviembre de 1995 se firmaron los Acuerdos de Dayton (Estados Unidos) entre los líderes de Serbia, Bosnia-Herzegovina y Croacia. En tales acuerdos se decidió la división de Bosnia-Herzegovina en dos entidades: una Federación Croata-Musulmana y una República Serbia de Bosnia. Al principio, este acuerdo fue supervisado por 60.000 soldados de la OTAN, siendo 20 mil de ellos estadounidenses. Bajo la tutela de fuerzas de seguridad de la OTAN y observadores internacionales de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa), se celebraron varias elecciones a nivel local y federal. Sin embargo, las tensiones étnicas no han desaparecido del todo. Varios militares serbios y croatas han sido arrestados como criminales de guerra y enviados a La Haya para ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la Antigua Yugoslavia, entre ellos Radovan Karadzic (líder de los serbo-bosnios, capturado en 2008) y el general Ratko Mladic (capturado el 2011). La guerra de Kosovo Después de los Acuerdos de Dayton, los conflictos étnicos resurgen en Kosovo. Territorio habitado por habitantes de lengua albanesa, se levantan en armas contra Serbia en 1997, formando el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) el cual inicia la lucha con el objetivo de lograr la independencia de la provincia. Las represalias de Serbia fueron violentas y provocaron que 700.000 kosovares huyeran hacia los países vecinos (verano 1998). Estados Unidos y los países del "Grupo de Contacto" (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia) presionaron a ambas partes para que negociaran un acuerdo que otorgara a Kosovo la autonomía al interior de Serbia, sin llegar a la independencia. En la primavera de 1999, el Grupo de Contacto intentó imponer un plan de paz, pero Slobodan Milosevic, presidente de Yugoslavia desde 1997 lo rechaza, proclamando que su gobierno tiene el derecho soberano de defenderse contra las guerrillas del ELK y afirmando que nunca aceptaría la vigilancia de fuerzas internacionales en Kosovo. Cuando se intensifica la represión serbia contra el ELK y la población civil, la OTAN inicia los ataques aéreos contra Yugoslavia (marzo 1999). Miles de refugiados salen de Kosovo hacia las vecinas Albania y Macedonia, denunciando la campaña de limpieza étnica lanzada por el gobierno de Serbia. Después de once semanas de bombardeo intensivo contra objetivos militares y civiles de Yugoslavia, Milosevic se rinde (junio 1999) y acepta las condiciones de paz de la OTAN: las fuerzas federales yugoslavas fueron obligadas a retirarse de Kosovo, al tiempo que la OTAN desplegaba en la zona una fuerza multinacional de 50.000 efectivos. A fines de 1999 regresan los refugiados albaneses a Kosovo, iniciándose una serie de represalias contra los serbios residentes, expulsando a 100 mil de ellos del territorio, considerado la cuna de la nación serbia. Después de su derrota, Milosevic siguió ocupando el cargo de presidente de Yugoslavia, pero se vio obligado a convocar elecciones, perdiéndolas en septiembre de 2000 ante Vojislav Kostunica, líder opositor. Pero cuando Milosevic intentó invalidar los resultados de las elecciones, una revuelta popular en Belgrado lo obligó a dimitir (octubre 2000). Más tarde comparecería ante el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la Antigua Yugoslavia, que le juzgó por crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no fue condenado ya que muere en prisión en marzo de 2006. Epílogo Desde el fin de las guerras en Yugoslavia, los diversos Estados sucesores de la antigua federación siguieron diferentes rumbos: Los Estados sucesores de la Antigua Yugoslavia Eslovenia ha desarrollado un estable sistema democrático, de tal manera que pudo incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN en 2004. Croacia se ha estabilizado institucionalmente tras la muerte de Franjo Tudjman, líder independentista del país en 1999. Ingresará a la Unión Europea a partir de 2013. Bosnia-Herzegovina ha realizado significativos progresos en el camino de la democracia y la reconciliación entre musulmanes, serbios y croatas. Macedonia ha padecido violentos enfrentamientos en 2001 entre el gobierno y el grupo étnico albanés, que constituye el 23% de la población. Los albaneses reclamaban derechos lingüísticos, empleos públicos y cambios constitucionales en su favor. Al terminar los enfrentamientos, la OTAN envió fuerzas militares para salvaguardar la paz y celebrar elecciones democráticas. Serbia y Montenegro se mantuvieron unidas hasta mayo de 2006, cuando la mayoría de los habitantes de Montenegro votaron en un referéndum por su independencia de Serbia. Kosovo sigue dominado por las tensiones étnicas y bajo un protectorado internacional de la OTAN. En febrero de 2008 proclama su independencia, pero es reconocida parcialmente por la comunidad internacional.

LA EPOCA DE FRANCO I

Hace ya muchos años que se produjo la desaparición física de Franco, lo cual no implica necesariamente la desaparición del Estado creado por Francisco Franco. Si todavía no se ha producido la ruptura de la unidad de España y la desmembración jurídica del Estado español es porque el sistema jurídico actual sigue viviendo de los vestigios de un Estado que se sedimentó y se consolidó a lo largo de cuarenta años. Parece una vacuidad, pero nos hallamos ante una trampa urdida, porque a las generaciones posteriores a la muerte del Caudillo se les ha enseñado y se les ha hecho creer que no había Estado de Derecho en la época de aquél, precisamente porque la denominación de «Estado de Derecho» es una denominación que ha perdido todo su contenido y su sentido.

Hay que manipular a la opinión pública para que piense que el Estado de Derecho tiene que encajonarse en los estrechos moldes de un sistema partitocrático y a partir de ahí, la identificación entre democracia y partitocracia implicará que la única vía del Estado de Derecho tiene que ser la que atraviesa por esos estrechos límites marcados por tal identificación. Han tratado, además, de hacernos creer que el Estado en la época de Franco era un Estado franquista, un Estado que se consumía igual que se estaba consumiendo, al servicio de España, la vida de Francisco Franco, que era un Estado que no contaba con la participación de una serie de hombres y mujeres a los que les costó el soportar el peso de la posguerra española, pero también sacar a España adelante, con su esfuerzo, con su tesón y con su trabajo constante.

Hay que destacar que ese Estado se caracterizó por una normalidad institucional. Se ha estado diciendo que en España se gobernaba desde la excepcionalidad, cuando lo cierto es que esa excepcionalidad dura exactamente lo que dura la Guerra Civil española. No es un régimen basado ni en la arbitrariedad ni en la voluntad personal de Franco. El único rasgo de voluntad personal, como subrayaba Gonzalo Fernández de la Mora, se encuentra en haber colocado, a través de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, como heredero del Régimen a una figura emanada de la dinastía borbónica. Partimos, por tanto, de entender que el mantenimiento y el sostenimiento de España en cuanto tal y la permanencia de una estructura jurídica creada en el Régimen de Franco es lo que ha permitido que España siga existiendo todavía como unidad histórica. España no se va a volatilizar a la muerte de Franco, ni el sistema jurídico va a perder su núcleo esencial, ni se produce tampoco la desmembración de la unidad territorial, precisamente porque nos hallamos ante un Estado consolidado.

Si no hubieran existido unas Cortes, como órgano de representación nacional, si no hubiera existido un ordenamiento jurídico, lo que se hubiera producido no habría sido una reforma, sino una ruptura. Si el régimen político no hubiera consolidado y creado un orden jurídico, no habría sido posible aprovechar, como se hizo, las vías del propio sistema para que las Cortes franquistas, a través de la Ley de Reforma Política, permitieran diluir los escrúpulos morales, Torcuato Fernández-Miranda dixit, del sucesor de Franco a título de Rey.

La tarea de reconstrucción de España que se acomete en la etapa de Franco es tanto más importante cuanto que se trata de acometerla desde la nada, porque se estructura y se configura un Estado de Derecho que no existía con anterioridad, ni con la II República ni con la Monarquía de Alfonso XIII. Por no existir no existía ni tan siquiera Estado, mucho menos aún un Estado supeditado al Derecho. Ni la II República articula la creación del Estado ni puede significarse por dar lugar al surgimiento del Estado de Derecho. Quienes hacen historia de ficción y tratan de fundamentar la ilegitimidad del Régimen de Franco tratan, por razones opuestas, de establecer la legitimidad republicana.

La presunción de la legitimidad republicana vendría así a restar credibilidad al Régimen de Franco. Ahora bien, a estas cuestiones el mismo Régimen trató de contestar por la vía de la legalidad y no por la vía de la mera imposición fáctica, que es la que había actuado en la II República. La normatividad que se configuró contó desde el principio con toda una serie de resortes y engranajes jurídicos, que hicieron de sus leyes un verdadero ordenamiento jurídico. En el mismo transcurso de la Guerra Civil, se encarga un Dictamen, el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, en el que participan algunos de los más prestigiosos juristas de la época y que tiene un doble cometido: por un lado, la preocupación por otorgar un fundamento jurídico, legitimador del Alzamiento nacional y, por otro lado, la necesidad de consolidar el Régimen desde el primer momento y consolidarlo en el sentido de la subordinación al Derecho.

El Dictamen legitima el Alzamiento sobre las bases de la guerra justa, en consonancia con la doctrina de la Escolástica española, y se centra, entre otros aspectos, en la ilegitimidad del régimen republicano desde su acceso al poder, ilegítimo en cuanto al origen del poder, hasta el ejercicio del poder, hasta la infracción de la legalidad que el mismo régimen republicano había impuesto. El Dictamen tiene por objeto demostrar que el Alzamiento es un acto de legítima defensa de la nación española.

El Alzamiento es un levantamiento popular porque el golpe militar fracasa en cuanto sublevación estrictamente militar y el pueblo harto de dejarse matar se alza para defender su vida y aquello en lo que cree, que era la propia esencia de España. Ni la II República articula la creación del Estado ni puede ser tampoco caracterizada por el nacimiento del Estado de Derecho. Quienes hacen historia de ficción y tratan de fundamentar la ilegitimidad del Régimen de Francisco Franco pretenden así otorgar carta de legitimidad, por razones opuestas, a la II República. La presunción de la legitimidad republicana vendría así a restar credibilidad y fundamento legitimante al Régimen del 18 de Julio. Pero el Régimen de Franco es legítimo en su doble acepción, atendiendo al título del poder como a su ejercicio, como constructor de un modelo de Estado de Derecho. Hemos hecho ya una breve referencia a lo que el Dictamen pone de manifiesto: la ilegitimidad de la II República, que llega como consecuencia de dos hechos harto significativos.

El primero es el cambio producido, de Monarquía a República, como consecuencia de una consulta electoral de carácter municipal, en la que no estaba en juego el destino de la Monarquía. El segundo es la dejación de funciones, casi el abandono, empezando por el propio Rey Alfonso XIII, de las tareas que tenían encomendadas. La República llega a través de una posición de fuerza frente a los todavía ministros de la Monarquía y ante la imposibilidad de seguir manteniéndose en el poder, cuando ni siquiera se podía responder de la fidelidad de la Guardia Civil.

La República nace de un fraude electoral, no de una situación de legalidad, porque frente a 5.000 concejales más o menos declaradamente republicanos, son elegidos 80.280 concejales monárquicos, y porque se deslegitima la importancia del voto rural, como si el triunfo en las ciudades de la conjunción republicano-socialista tuviera el carácter de un plebiscito sobre la forma de Estado. Estamos ante una toma del poder porque en un plazo de tiempo absolutamente perentorio se decide el destino de la nación, colocada la Monarquía en una tesitura ante la que se encuentra con hechos consumados. Producido ese acceso al poder que inhabilita a la República, desde el punto de vista de la legitimidad clásica, para ser considerada legítima en cuanto al origen, nos encontramos con la imposibilidad de una normalidad institucional del nuevo régimen, reconocida desde las propias filas republicanas.

La división de poderes, principio inherente al Estado de Derecho, es constantemente subvertido: la injerencia del legislativo en el ejecutivo será una constante republicana, pero también la intromisión del ejecutivo en las tareas del legislativo. Y junto a ello, una violencia declaradamente revolucionaria que anega y anula a la legalidad republicana, que subvierte los resultados electorales, que toma en las calles lo que no puede obtener a través de las urnas. ¿Qué decir de las garantías constitucionales? ¿Y de las garantías exigibles para que un parlamentario no sea arbitrariamente detenido y posteriormente ejecutado por su actuación, por sus discursos, en el ejercicio de su cargo? Que se lo digan a Calvo Sotelo. La revolución había tomado las riendas de la República, con anterioridad a febrero de 1936.

El fundamento de la legitimidad del ejercicio del poder consiste en asegurar aquello que no consigue asegurar la República, la vida y la seguridad de los individuos que integran la comunidad. Pero es que desde febrero de 1936, no existe ya República, sino Frente Popular. La República como tal había dejado de existir mucho antes de que se desencadenara la guerra. La anomia es la pérdida de valores de un sistema político y jurídico, y éste es el término que sirve para designar lo que caracteriza la vida republicana durante el último período de tiempo.

El falseamiento de la legalidad y de la voluntad popular desciende hasta el fraude electoral consagrado en las elecciones de febrero de 1936, cuyas actas electorales no fueron publicadas en su momento y cuyos resultados constituyeron en realidad otra expresión de la toma del poder de la marea revolucionaria, que anunció que había ganado las elecciones cuando no había concluido ni siquiera el escrutinio electoral. Las actas electorales no fueron dadas a conocer ni publicadas en su momento, de manera que el Frente Popular se dio por ganador tomando como rehén a la República. Las elecciones de febrero del 36 sólo muy recientemente están siendo objeto de investigación y probablemente, mal que les pese a los Preston de turno, darán alguna que otra sorpresa. En estas condiciones se produce el Alzamiento del 18 de Julio.

El encargo del Dictamen a algunos de los más prestigiosos juristas de la época demuestra que se trata de configurar un Estado y que en la mente de Franco late la idea de que ningún Estado se puede construir desde una posición de fuerza. La mera situación fáctica y excepcional acabará con el fin de la Guerra y se trata de pensar en la paz y en la normalidad institucional. La única vía es la de legitimar el Alzamiento y construir una legalidad y un Estado donde con anterioridad no existía.

(CONTINÚA...)

LA EPOCA DE FRANCO II

Se crea un Estado y no un régimen personalista. No se puede mantener seriamente que el acceso de Franco a la Jefatura del Estado, del nuevo Estado, y su mantenimiento durante cuarenta años lo fueran por un exceso de egocentrismo o porque estuviéramos ante un régimen dictatorial que gobernaba desde la excepcionalidad. Franco acepta la necesidad del levantamiento militar, que fracasa en cuanto tal, como acepta el mandato de la Junta de Defensa Nacional que le convierte en Jefe del Estado. Jurídicamente el dilema consiste en justificar, a través del sometimiento a los principios clásicos, desde la legalidad hasta la división de poderes, el nuevo Estado y no su estricta voluntad personal. Más allá de la teoría del caudillaje, que hay que ver en su contexto histórico –en las mismas democracias occidentales, vencedoras en la II Guerra Mundial, hay un culto a la personalidad, desde Churchill hasta Roosevelt–, tenemos que contemplar la situación de un hombre al que las circunstancias, los mismos hechos de la II República, le han colocado en una posición excepcional.

Lo que se va a producir a partir del final de la Guerra Civil y los primeros años ciertamente duros de la posguerra española, en plena contienda mundial y la derrota del Eje, es la normalidad institucional, con la participación de todos, hombres y mujeres, en la reconstrucción de España y a través del modelo de Estado, que es verdaderamente un Estado de Derecho, un Estado en el cual es el Derecho el que organiza la vida social, delimita el funcionamiento del Estado e impulsa el desarrollo. Lo que caracteriza al nuevo Estado son precisamente todos los elementos que permiten hablar de un Estado de Derecho: principio de legalidad, principio de división de poderes, capacidad técnica de quienes se encuentran cumpliendo las funciones que les han sido encomendadas.

Muchos de quienes en diferentes etapas participaron en ellos han destacado cómo Franco apenas intervenía en los Consejos de Ministros. La labor de normalización de la vida pública española y de sometimiento, a su vez, a la normatividad, es una característica del sistema político anterior al actual. La discrecionalidad no entraba entre las funciones adjudicadas a quienes formaban parte del Régimen. El Régimen de Franco contó con el concurso de los españoles. No fue un Estado de Derecho al modo partitocrático, pero es que la democracia no tiene por qué ser necesariamente una partitocracia. Partitocrático es el sistema actual, en el que además han desaparecido los principios que caracterizaron al parlamentarismo en su discurrir histórico: el principio de publicidad y el principio de discusión. La situación de la España contemporánea se significa por la conculcación de los mismos: las Cortes han dejado de ser el centro de la vida política española; las decisiones, que se toman en acuerdos de pasillos, en comisiones a puerta cerrada, donde los puestos se obtienen no en virtud de los votos obtenidos, sino de las relaciones entre los mismos partidos, no puede decirse que sean precisamente el resultado de la racionalización y del debate público.

El Estado en la época de Franco fue un Estado de Derecho, un Estado donde el Derecho presidió el marco de las relaciones sociales, unas relaciones sociales al margen de un sistema que elige la representación por la vía de los partidos, pero no por ello menos democrático y donde las normas eran respetadas y cumplidas con carácter habitual por la sociedad a la que se dirigían. La seguridad jurídica, la certeza del Derecho, eran piezas del mecanismo jurídico, quizá porque aquellos a quienes tocaba el cometido de crear y ejecutar las leyes eran ajenos a cualquier voluntad política y estrictamente sometidos al imperio de la ley. No se puede decir lo mismo en el momento actual, donde el sistema jurídico ha sido creado sobre un fundamento ideológico y donde la independencia del poder judicial ha quedado anulada por la vía de la intromisión de la ideología en la aplicación normativa.

El conocimiento de los nombres, de la fortuna y también de las miserias, de algunos de los miembros de la judicatura española muestra el afán de protagonismo, la ideologización y en última instancia el que hayan pasado de ser un oscuro funcionario que ejercía su papel y su tarea a un individuo que dedica más horas a ser conferenciante universal que a estar en el despacho.
La legalidad instaurada en el Régimen de Franco implica una distribución de competencias dentro del Estado y al mismo tiempo la creación de una administración, donde con anterioridad no existía. El 90% de los Ministros de Franco eran o funcionarios civiles o militares, lo que suponía una capacitación técnica y una competencia para el desempeño de las tareas que les estaban asignadas.

La creación de las Cortes el 17 de julio de 1942 supone una separación de funciones entre el legislativo y el ejecutivo y la primera autolimitación del propio Régimen que no quiere ser entendido como un sistema puramente personal, como un Régimen estrictamente franquista. A las Cortes les corresponde la función legislativa, que no se va a ver en absoluto menoscabada cuando Franco asuma, en muy contadas ocasiones, la potestad de dictar normas con rango de ley, lo cual es una pieza habitual del sistema jurídico. Las Cortes constituirán la representación del Estado, representación orgánica que no se sabe muy bien por qué ha de ser menos representativa que la vía de la representación partitocrática, convertida casi con el transcurso del tiempo en plutocrática o en oligárquica.

Las Cortes buscan la participación de todos a través de los vínculos naturales de relación social. La representación orgánica tenía la virtud de mirar al hombre en cuanto tal, más allá de la ideología, del interés, del partido o del negocio. Las Cortes conservan su independencia de la voluntad personal de Franco, como lo prueba el mismo hecho de que son las aparición del Régimen. Una vez configuradas las Cortes, el otro elemento decisivo es la creación de una verdadera administración hasta entonces inexistente, dotando al Estado de una seguridad jurídica en el conjunto de las instituciones, que se justifica por el sometimiento y la subordinación al Derecho.

La aprobación del Fuero de los Españoles el 17 de julio de 1945 por parte de las Cortes revela la plasmación del principio de legalidad como tronco del sistema. El Fuero de los Españoles constituye una consagración de derechos y deberes, articulada sobre una serie de aspectos básicos, derechos del individuo en cuanto tal, protección y garantía de la familia, raíz esencial del Régimen y primer reflejo de la sociabilidad natural del hombre. Si se ha entendido, por sus enemigos, que la familia es en el núcleo esencial de la sociedad, que cuando uno quiere acabar con la civilización católica, como dijera Donoso Cortés, lo primero que tiene que hacer es acabar con la familia. Y, finalmente, una regulación del orden económico-social que viene a completar lo que ya tenía una plasmación en el ámbito laboral a través del Fuero del Trabajo, y que continuará en la Ley de Principios del Movimiento Nacional.

No estamos ante un Estado de Derecho meramente formal, sino dotado de un contenido fundamental, que supone el reconocimiento de derechos y de deberes. En cuanto a los derechos individuales, éstos giran alrededor de la protección de la intimidad y la seguridad del individuo: libertad de residencia, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia y libertad de conciencia, y seguridad en su doble aspecto de seguridad personal y seguridad económica.

La izquierda revolucionaria en la II República sólo se había interesado por la mujer para negarle el voto, desde Margarita Nelken hasta Federica Montseny, y para tener, por ejemplo, a las milicianas que combatían en el frente y que según expresó Buenaventura Durruti causaban más bajas entre los milicianos que las balas del enemigo.

El Régimen crea una clase media, al tiempo que produce el desarrollo de un amplio sector obrero, ampliamente protegido por la legislación laboral y la Seguridad Social. El sector obrero fue el receptor de gran parte de las ayudas, lo que sirvió para modificar su estatus, para ampliar su formación, para mejorar su calidad y su nivel de vida, y para que el obrero deseara, dentro de la normalidad cotidiana de la vida social, para sus hijos otra amplitud de miras, el acceso a la Universidad, que se obtenía a través de becas y matrículas gratuitas. La política de concesión de viviendas hizo que el trabajador se despreocupara de algo que ahora es el principal problema del español.

El Régimen establece además la separación entre el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno. La limitación del poder y el imperio de la ley se manifiestan mediante la Ley Orgánica del Estado de 1967, por la que el Jefe del Estado se sometía a la terna que el Consejo del Reino le proponía para designar Presidente del Gobierno, porque el régimen había introducido la separación entre la figura del Jefe del Estado y la del Presidente del Gobierno.

En el artículo 10 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado se hace referencia a las piezas capitales en la vertebración jurídica del régimen: no se trata de una Constitución al modo y manera de la actual, en un texto cerrado y articulado, sino de una Constitución abierta y difusa, sustentada en una serie de leyes. Si bien es importante el marco de legalidad establecido mediante este conjunto normativo, no lo es menos la tarea de crear una Administración con total sujeción al principio de legalidad, tanto que la Administración es responsable de sus propios actos. Surgen así la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 1952 y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, que inciden en esa necesaria responsabilidad de la Administración, pero también en la necesidad de que corresponda al poder judicial, mediante el recurso contencioso-administrativo, el control sobre la Administración. Más adelante la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo.

El Régimen podía haberse limitado a ejercer el poder desde la excepcionalidad que había propiciado su nacimiento, pero desde el principio eso se reveló como absolutamente insuficiente para mantenerse a lo largo del tiempo y para conseguir levantar España desde la nada en que la había sumido la II República y la inoperancia de la Monarquía de Alfonso XIII.La España de Franco es algo más que la España de Francisco Franco, es la España de los hombres y mujeres que participaron en la misión de reconstrucción nacional que había de acometerse. España se sitúa en un nivel de desarrollo que hasta entonces no poseía, adquiere una estabilidad económica, una seguridad como nación en el concierto internacional y se forma como Estado.

Si España todavía no ha desaparecido como tal se debe, entre otras cosas, a que la labor de configuración del Estado español fue vista por Francisco Franco desde la normalidad y desde la aceptación natural, marcada por el cumplimiento de las leyes y por el desenvolvimiento de su vida cotidiana, por parte de todos los españoles.

ANARQUISMO

 

Es un concepto filosófico-político en el cual las sociedades humanas se organizan solidariamente, basadas en su bondad natural, en un sistema de iguales, eliminando las jerarquías, sin ninguna organización preestablecida, social, religiosa o política (gobierno). No hay humanos más importantes que otros, la naturaleza hizo a los hombres iguales, y por lo tanto la sumisión de unos hacia otros les resta libertad, los hostiga y los degrada. Por eso también se los llama libertarios.

La mayoría de los anarquistas recomiendan la violencia como medio de romper las estructuras de poder. La diferencia con el comunismo radica en que éstos, sostienen que debe existir una organización estatal armada, al menos en un principio, que permita luchar contra los capitalistas, que no cederán voluntariamente sus propiedades privadas. Este “Estado Obrero” desaparecerá paulatinamente. A ese “Estado Obrero” se opone sustancialmente el anarquismo, puesto que dentro de él, también habrá jerarquías. La crítica fundamental al anarquismo es que sería un estado ideal, pero imposible de lograr en la práctica, pues al no haber relación de mando-obediencia, reinaría el caos y la confusión. En España Hasta fines del siglo XIX, los españoles habían sentido la necesidad de luchar por reivindicaciones de clase, pero el concepto de anarquismo era aún desconocido.

En 1864 se creó en Londres, la Primera Internacional, para unir a los trabajadores de distintos puntos del planeta en lucha conjunta. Participaron en ella Karl Marx, Friedrich Engels, y quien fue considerado uno de los precursores del anarquismo, Mijaíl Bakunin. Éste sostenía que los grupos humanos deben formarse por la propia voluntad de quienes los integran, y de la unión de todos esos grupos, nacería uno universal y espontáneo. Bakunin planeó un viaje para reclutar anarquistas en España, y crear allí una división española de la Primera Internacional.

Fue en 1868, cuando llegó a territorio español, Giuseppe Fanelli, con sus ideas contrarias a la organización estatal, eclesiástica y anticapitalista, prometiendo a las clases marginadas liberarse de la opresión. En 1870 se reunió un Congreso en Barcelona, donde se contaron miles de obreros, y 150 organizaciones de trabajadores enviaron sus delegados, conformándose la Federación Regional Española, que difundió sus ideas por medio de los periódicos “La federación” (Barcelona) y “La solidaridad” (Madrid). Además de anarquistas contaba entre sus integrantes con socialistas y liberales. Pero estos dos últimos grupos fueron expulsados en 1872, cuando simultáneamente, en el V Congreso de la Primera Internacional, celebrado en La Haya, ese mismo año, los anarquistas como Michael Bakunin, James Guillaume y Louis Auguste Blanqui, se separaron de la misma, denominándose anarquistas. En 1873, se produjo una manifestación violenta de trabajadores en Arcoy, por el reclamo de una jornada laboral de 8 horas, que generó una cruenta lucha contra las fuerzas policiales, que intentaron reprimirlos, y dejó gran cantidad de muertos.

Como respuesta, desde el gobierno, se clausuró la Federación Regional Española y sus publicaciones, impidiendo su actuación, y pasando a la ilegalidad. En 1892, en Barcelona, se arrestaron y torturaron cientos de anarquistas, y algunos fueron ejecutados, siendo considerados sinónimo de terroristas. En el siglo XX el desarrollo de esta ideología se plasmó fundamentalmente a través del anarcosindicalismo. En ciudades como Zaragoza, se desarrolló el anarquismo “puro”, y en otras zonas distintas variantes, como en Barcelona (anarcosindicalismo urbano) y en la zona rural de Andalucía (anarcosindicalismo, pues se desarrolla en el ámbito laboral a través de los sindicatos).

La diferencia fundamental con el anarquismo puro, estriba en que para los anarcosindicalistas, los sindicatos serían el medio de lucha, para llegar a la libertad y ausencia de poder. En 1900 surgió la Federación de Sociedades de Trabajadores de la Región Española, que subsistió poco tiempo pues el gobierno ordenó su clausura cuando las huelgas se hicieron frecuentes. El 26 de julio de 1909 comenzó una huelga general en Barcelona protestando contra el cierre de una fábrica textil y el envío de reservistas, en su mayoría trabajadores, a la lucha en Marruecos, para defender los intereses de los capitalistas españoles. Esta huelga no solo incluyó a anarquistas sino a todos los grupos de defensa de los trabajadores. Se levantaron barricadas, se destruyeron líneas ferroviarias, y se quemaron iglesias y comisarías.

Como consecuencia de esos hechos fueron arrestadas 1.700 personas, de las cuales se sentenciaron 450. El 13 de octubre de 1909, el pedagogo librepensador, Francisco Ferrer, fue ejecutado como instigador, en controvertido proceso, cuando incluso, había estado ausente de Barcelona. Tras varios intentos, frustrados de tratar de lograr una organización, por la persecución estatal, ésta se logró con la creación de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, surgida en Barcelona en 1910) no verticalista (o sea sin jerarquías de poder) que se dividió en centros regionales, a su vez descentralizados en sindicatos, que tenían las iniciativas. Impulsaron gran cantidad de huelgas, y captaron la adhesión de un número considerable de obreros. Sin embargo, una semana después de su creación, la CNT fue declarada ilegal por las huelgas y protestas violentas que realizaron. En 1917, los trabajadores organizaron una huelga general, juntándose la CNT anarquista y la UGT socialista, que tuvo gran adhesión sobre todo en Barcelona. El saldo de estas huelgas violentas, y la represión estatal, dejó 70 personas muertas.

Durante la crisis producida durante la Primera Guerra Mundial, los obreros fueron los principales perjudicados, y la lucha contra los capitalistas se hizo más frecuente. El anarquismo sembró muchos adeptos. En 1919, la continuidad de las huelgas colocaron a Barcelona bajo la Ley Marcial, que solo logró que se produjeran nuevos paros y protestas, que finalmente lograron reivindicaciones laborales, como la jornada de 8 horas de labor. Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) los anarquistas actuaron desde la ilegalidad, en enfrentamientos sangrientos, pero luego casi depusieron la lucha ante la persecución del dictador.

En 1927, en Valencia, se fundó la FAI (Federación Anarquista Ibérica) de accionar secreto, que controló a través de sus miembros, dentro de CNT, que ésta no se alejara de los postulados anarquistas, ya que la dictadura de Primo de Rivera, con su ataque, los había vuelto más moderados. La FAI era partidaria de las huelgas generales, y aún de la realización de ilícitos para lograr fondos, como robo de bancos. Durante la Segunda República (1931-1939) retomaron su accionar, aún más radicalizado, a partir del 14 de abril de 1931, cuando se reunieron en el Teatro de la Comedia de Madrid, en un Congreso Nacional, con la participación de 511 sindicatos.

En España el auge del anarquismo fue durante esta etapa. En 1932, intervinieron en la revolución del Alto Llobregat, y un año más tarde en las huelgas de los campesinos de Andalucía. En 1934, estalló en Asturias la llamada Revolución de Octubre, donde los mineros atacaron los cuarteles de la Guardia Civil. Fue organizada sobre todo por socialistas, pero contó con un número importante de anarquistas. Esa rebelión fue sometida por el general Francisco Franco.

Frente al crecimiento político de la derecha a través de la CEDA, los anarquistas apoyaron, aunque sin conformarlo, el Frente Popular, integrado por partidos de izquierda. Durante el gobierno del Frente Popular participaron en la redistribución de tierras y manejo de fábricas por los trabajadores. Pronto también tuvieran diferencias, cuando la CNT organizó una huelga entre los empleados telefónicos. A esta siguió otra en Sevilla, todas brutalmente reprimidas y muchos anarquistas fueron deportados a África. En 1936 el anarquista Joan García Oliver ocupó la Cartera de Justicia, y Federica Montseny, el Ministerio de Salud, cuando fue Presidente del Consejo de Ministros Francisco Largo Caballero.

En las fases preliminares de la Guerra Civil, lograron fusionarse la FAI y la CNT y formaron las Milicias Antifascistas de Cataluña, y las grandes empresas radicadas en Cataluña, fueron colectivizadas, con gran número de industriales víctimas de violencia. Con la Guerra Civil hubo un gran enfrentamiento con el PCE (Partido Comunista de España) que luchaba por el bando republicano, sostenido por el gobierno soviético. Al ser reemplazado Largo Caballero, por Juan Negrín, los anarquistas perdieron su poder. Cuando advino al poder el régimen franquista, que tuvo en el anarquismo una seria y violenta oposición, muchos anarquistas, fueron presos o ejecutados.

La CNT con un millón de miembros, siguió actuando desde la ilegalidad. En 1960 las ideas anarcosindicalistas, tuvieron cabida en Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y Juventud Obrera católica (JOC), organizaciones obreras antifranquistas. En 1979 la CNT se dividió, en una agrupación que conservó el nombre original y no participa en elecciones sindicales y la Confederación General del Trabajo, que sí lo hace.